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Líderes de esquema Ponzi cripto de US$ 190 millones en Brasil son condenados a más de 170 años de prisión
El supuesto esquema Ponzi de criptomonedas atrajo a unos 20.000 inversores con falsas promesas y recaudó más de US$ 190 millones de ellos.
Lo que debes saber:
- Un tribunal brasileño condenó a tres ejecutivos del fallido esquema cripto Braiscompany a un total de 171 años de prisión.
- El principal responsable, Joel Ferreira de Souza, fue sentenciado a 128 años, mientras que Gesana Rayane Silva y Victor Veronez recibieron 27 y 15 años, respectivamente, por su participación.
- Braiscompany recaudó aproximadamente US$ 190 millones de unos 20.000 inversores.
Un tribunal brasileño ha condenado a tres ejecutivos detrás del colapso del esquema cripto Braiscompany a un total de 171 años de prisión, concluyendo uno de los casos de fraude con criptomonedas más grandes del país hasta la fecha.
El juez federal Vinicius Costa Vidor declaró a Joel Ferreira de Souza, el supuesto cerebro del esquema, culpable de operar una institución financiera sin licencia y lavar millones a través de empresas fantasma y billeteras de criptomonedas no reguladas, según medios locales.
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De Souza recibió la condena más severa: 128 años de prisión. Otros dos, Gesana Rayane Silva y Víctor Veronez, recibieron 27 y 15 años, respectivamente, por su participación en el manejo de efectivo y su intermediación en la trama.
El fallo se produce después de que el Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) acusara a cinco personas de orquestar una estructura piramidal que recaudó R$ 1.110 millones (US$ 190 millones) de aproximadamente 20.000 inversores.
Braiscompany prometía ganancias descomunales a través del comercio de criptomonedas, pero supuestamente manejaba un sistema financiero paralelo mediante transferencias informales y operaciones con altas comisiones.
El tribunal también ordenó la incautación de R$ 36 millones, aunque no está claro cuánto recuperarán las víctimas. Según Artêmio Picanço, abogado que representa a varias de ellas, los afectados deben presentar demandas civiles pronto antes de que el Estado absorba los fondos.
Dos acusados fueron absueltos por falta de pruebas. El resto, según dictaminó el juez, “actuaron para ocultar el origen ilícito” del dinero, realizando operaciones que simulaban prácticas de inversión legítimas, pero que sirvieron para enriquecer a personas con información privilegiada.
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